Trinchera productiva: Llaryora empuja una nueva Ley de Industria para amortiguar el ajuste libertario y posicionarse en el escenario nacional

En medio de un escenario recesivo asfixiante, donde las políticas de tierra arrasada de la administración central golpean sin piedad a las economías regionales, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, puso en marcha una jugada estratégica de alto voltaje político e institucional: el envío a la Legislatura de un nuevo régimen de promoción industrial. Con eje en exenciones impositivas, alivio a las pymes y la preservación de los puestos de trabajo, la iniciativa busca contener una crisis que ya perfora los cimientos del tejido social cordobés, al tiempo que consolida un canal de diferenciación explícita con la Casa Rosada.

Los datos que motivan la urgencia de la medida son elocuentes y desnudan el fracaso del dogma libertario: solo en el sector metalúrgico cordobés se perdieron más de 2.100 empleos formales en el último año, mientras que la producción registra un derrumbe interanual del 9,5%. En sintonía con un diagnóstico que repite que “sin industria no hay trabajo ni soberanía posible”, el esquema ideado por el Ejecutivo provincial apunta a amortiguar el impacto de la apertura importadora y la brutal contracción del mercado interno mediante el diferimiento y la reducción de cargas tributarias, incluyendo esquemas de Ingresos Brutos cero para pequeñas y medianas empresas, y estímulos para la contratación de mano de obra local.

Sin embargo, el análisis político no puede desvincularse de la superestructura de poder. La iniciativa de Llaryora opera en una doble dimensión. Por un lado, responde a las demandas desesperadas de un sector empresario —aglutinado en entidades como la Unión Industrial de Córdoba— que advierte que la "paz de los cementerios" macroeconómica promovida por Milei se traduce, en los hechos, en la extinción masiva de unidades productivas y en la precarización de las familias trabajadoras. Por el otro, funciona como el puntapié inicial de una estrategia de proyección nacional. Al diferenciarse del centralismo porteño y de la ortodoxia ortodoxa que destruye el aparato productivo nacional, el mandatario cordobés busca erigirse en una alternativa de gestión dentro del mapa político, posicionándose con aspiraciones de liderazgo rumbo a los próximos turnos electorales.

El desafío que enfrenta la gobernación no es menor. Mientras los sectores concentrados del poder económico y financiero festejan las timbas cambiarias y el desguace del Estado, las provincias deben cargar con el costo social de la desocupación, la caída de la recaudación y el consecuente incremento de la demanda en asistencia social. La nueva Ley de Industria se plantea, así, como un dique de contención indispensable pero provisorio; una herramienta de resistencia federal que demuestra que, frente a la fantasía anarcocapitalista del libre mercado absoluto, la única salida viable para el desarrollo con justicia social es la presencia activa de un Estado inteligente que defienda el trabajo argentino y la producción nacional.