Ajuste feroz al bolsillo popular: noviembre arranca con subas en transporte, prepagas y alquileres
Un nuevo combo de aumentos golpea de lleno la subsistencia de las familias trabajadoras. Con subas que superan los índices oficiales de inflación, el Gobierno profundiza un modelo de transferencia de ingresos en beneficio de las grandes corporaciones, asfixiando el consumo interno y destruyendo el tejido social.
Prensa
El undécimo mes del año consolida una dinámica de empobrecimiento sistemático. Lejos del relato oficial sobre una supuesta estabilidad, la economía real se sacude con incrementos del 3,9% en el transporte público (colectivos y subtes) y peajes, sumados a las cuotas de las medicina prepaga que trepan hasta un 2,95% —ubicándose sistemáticamente por encima de la pauta inflacionaria— y subas de hasta un 12,95% semestral en los alquileres.
Esta batería de aumentos no es producto del azar ni de "leyes naturales" del mercado, sino el resultado directo de la desregulación y el retiro planificado del Estado de sus funciones de arbitraje y protección social. Al desproteger los ingresos de las grandes mayorías y convalidar la voracidad rentista de los grupos concentrados —prestadores de servicios, corporaciones de salud y grandes propietarios—, la superestructura estatal opera como un comité ejecutivo al servicio del capital financiero y monopólico.
Para los sectores populares y las clases trabajadoras, la ecuación cotidiana se vuelve insostenible: destinar una porción cada vez mayor de los ingresos a la movilidad obligatoria, la vivienda y la salud significa pulverizar el poder de compra. El impacto sobre la producción nacional y el mercado interno es letal, profundizando una recesión que destruye puestos de trabajo y desarticula la solidaridad comunitaria. La política económica del actual régimen demuestra, una vez más, que su único ajuste recae sobre el esfuerzo de los que trabajan, consolidando una Argentina para pocos a costa del sufrimiento social.
