Ajuste y abandono estatal: por primera vez cortan la atención integral del PAMI en la Patagonia
La asfixia presupuestaria impulsada por el Ejecutivo nacional paraliza las prestaciones en Neuquén, Río Negro, Chubut y La Pampa. Con un atraso arancelario demoledor que supera a la crisis de 2001, la lógica del libre mercado transfiere el costo de la salud pública a los bolsillos de casi 300 mil jubilados.
Prensa
En un hecho inédito para el sistema de seguridad social argentino, clínicas y sanatorios de cuatro provincias patagónicas decidieron suspender de forma total las prestaciones a los afiliados del PAMI. La medida de fuerza representa un colapso histórico que supera los precedentes de la crisis de 2001 y deja sin cobertura médica básica a cerca de 300 mil adultos mayores.
El origen del conflicto radica en el estrangulamiento financiero perpetrado por la gestión nacional. Frente a la escalada inflacionaria, el Ministerio de Economía e Integración ha fijado pautas de actualización arancelaria que apenas cubren una fracción de los costos reales de las instituciones sanitarias. Directivos del sector advierten que la desactualización es tan drástica que existen módulos médicos cuyo valor cobrado no alcanza para financiar el material descartable de una intervención quirúrgica.
Esta política de ajuste deliberado revela una reconfiguración de las relaciones de poder entre el Estado y el capital de la salud. Bajo la proclama del equilibrio fiscal a cualquier precio, el Poder Ejecutivo retira el piso de protección social garantizado por la Constitución Nacional, promoviendo de forma implícita la privatización de facto del acceso a las prestaciones. Quienes no puedan saldar aranceles del sector privado o copagos clandestinos quedan marginados al circuito de urgencias.
El impacto social vulnera las bases de la justicia social y la soberanía sanitaria. La parálisis no solo perjudica a las familias trabajadoras y a los jubilados —quienes aportaron durante toda su vida productiva—, sino que fragmenta la cadena de producción de salud regional, precipitando el éxodo de profesionales, despidos indirectos y el desmantelamiento de pymes de salud en el interior profundo.
El corte masivo de servicios al PAMI en la Patagonia sintetiza el repliegue del Estado como garante de derechos fundamentales. En la disputa entre la sustentabilidad de la vida y el dogma financiero, la ausencia de una política nacional de salud mercantiliza el bienestar e impone la exclusión social sobre los sectores más vulnerables.
