Los números que no cierran: el armador de Karina Milei y un departamento en Puerto Madero pagado al contado
Una demanda por cuota alimentaria expuso movimientos millonarios en dólares alrededor del diputado Sebastián Pareja. La "casta" que el oficialismo prometía barrer reaparece en su propia mesa chica.
Redaccion 
El gobierno que llegó al poder prometiendo terminar con los privilegios de la política vuelve a quedar atrapado en sus propias contradicciones. Esta vez el foco está puesto sobre Sebastián Pareja, diputado nacional y principal armador de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires, cuyas cuentas, según reveló La Política Online, presentan "números que no cierran".
Los hechos son elocuentes. En enero de este año se retiraron por caja 300.000 dólares de una sucursal del Banco Santander en la Ciudad de Buenos Aires. Ese mismo día, Matilde Benzi, madre del legislador, escrituró por 350.000 dólares un departamento de 133 metros cuadrados con cocheras en Puerto Madero. Ni ella ni su esposo registran actividad laboral en los últimos años.
La información no surgió de una investigación oficial sino de un expediente de familia: la demanda por cuota alimentaria iniciada por su ex pareja, Luciana Díaz. Allí aparecieron resúmenes de una cuenta del Santander que, según la nota, no figura en la declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción. Al 31 de diciembre de 2025 esa cuenta tenía más de 15,8 millones de pesos y 236.676 dólares, con plazos fijos y acciones de YPF. En contraste, su declaración patrimonial apenas consigna la mitad de un departamento heredado de 80 metros cuadrados, 12.000 dólares en efectivo y algo más de 7.000 en Uruguay.
Pareja, además, es titular de un estudio jurídico, profesor adjunto en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y tiene un cargo de planta permanente en el Senado, una estabilidad laboral que contrasta con la motosierra que el mismo espacio aplica sobre miles de trabajadores estatales despedidos.
El caso no es un episodio aislado. Se inscribe en una secuencia de sospechas que rodean al círculo íntimo del poder libertario, desde la causa por la criptomoneda $LIBRA hasta los cuestionamientos patrimoniales a otros funcionarios. Lo que está en juego no es solo la conducta de un dirigente, sino la credibilidad de un relato que construyó su legitimidad sobre la denuncia moral contra "la casta".
Mientras la mayoría de las familias argentinas recorta consumo, se endeuda con la tarjeta para llegar a fin de mes y ve caer su salario real, en el entorno del oficialismo circulan valijas de dólares que se convierten en propiedades de lujo frente al río. Esa distancia entre el discurso de austeridad para los de abajo y la opacidad para los de arriba es, quizás, la definición más precisa del modelo.
Corresponde ahora que la Oficina Anticorrupción y la Justicia actúen. La transparencia patrimonial de quienes ejercen cargos públicos no es una formalidad: es una condición básica de la vida democrática.
