El derecho a decir que no: un trabajador consiguió que no lo obliguen a usar IA en su empleo

La inteligencia artificial avanza sobre los lugares de trabajo casi siempre de la misma manera: por decisión de las empresas, sin consulta a quienes trabajan. Por eso el caso de David Durman, administrador de la Universidad de Kentucky, llama la atención. Según publicó La Nación con información de la revista Fortune, Durman consiguió que la institución lo eximiera formalmente del uso de herramientas de IA en sus tareas.

Durman, de 45 años, adhiere desde hace tres décadas a un sistema de convicciones humanistas no teístas centrado en el bienestar humano. Con el asesoramiento de la Asociación Humanista Estadounidense, invocó el Título VII de la Ley de Derechos Civiles, que protege creencias religiosas y no religiosas en el empleo. La universidad, que no tenía normas sobre IA, evaluó la sinceridad de sus convicciones y en septiembre aprobó el pedido, al concluir que la exención no implicaba una carga excesiva. Para Durman, delegar decisiones en la tecnología "reduce tu capacidad para actuar" en pos de los objetivos humanos.

El caso tiene límites claros: la normativa distingue entre convicciones sinceras y simples preferencias, de modo que no se trata de un derecho general a rechazar la IA. Pero su valor está en lo que pone en discusión.

Hasta ahora, la incorporación de la inteligencia artificial se presenta como un proceso técnico e inevitable. En realidad, es una decisión política y económica que redistribuye poder dentro de las organizaciones. Se automatizan tareas, se intensifica el control sobre el rendimiento y, en muchos casos, se justifican despidos, como ya ocurre en distintas empresas tecnológicas del mundo.

Frente a eso, la pregunta no es si la tecnología debe usarse, sino bajo qué condiciones y con qué participación de los trabajadores. La tradición del movimiento obrero argentino ofrece herramientas concretas: la negociación colectiva, los convenios por actividad y la idea de que el progreso técnico debe traducirse en mejores condiciones de vida y no en mayor precarización.

En un contexto de reforma laboral regresiva, incorporar cláusulas sobre inteligencia artificial en los convenios colectivos —información previa, capacitación, garantías de empleo y límites a la vigilancia algorítmica— es una tarea urgente. La justicia social del siglo XXI también se juega en la relación entre las personas y las máquinas.