Crónica de una entrega anunciada: El Congreso de espaldas al Pueblo consuma el marco legal para el saqueo

En una jornada sombría para la soberanía nacional, la Cámara de Diputados terminó de dar forma al andamiaje jurídico que el gobierno de Javier Milei exigía para rifar los recursos naturales y precarizar la vida de millones. Entre pactos espurios y la claudicación de los sectores "dialoguistas", la Patria quedó a merced del capital transnacional.

Lo que ocurrió en el Congreso no fue un ejercicio democrático de consenso, sino la institucionalización de un plan de negocios diseñado en los bufetes de la city financiera y las multinacionales extractivistas. La aprobación de la "Ley Bases" y el paquete fiscal representa el triunfo transitorio de un modelo que ve en la Argentina una tierra de sacrificio y en el pueblo argentino un costo que debe ser reducido al mínimo.

El RIGI: La alfombra roja para el extractivismo colonial

El corazón del proyecto, el cuestionado Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), fue ratificado como la herramienta definitiva para el saqueo. Bajo el falso ropaje de la "atracción de capitales", el gobierno ha garantizado beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios por 30 años a empresas que vendrán a llevarse el litio, el gas y los minerales sin dejar un solo gramo de valor agregado en suelo argentino.

Es, lisa y llanamente, una entrega de soberanía que nos retrotrae a las épocas más oscuras del estatuto legal del coloniaje. Mientras las pymes nacionales cierran por los tarifazos y la caída del consumo, el gran capital extranjero recibe el privilegio de no liquidar divisas y de importar maquinaria usada, destruyendo cualquier posibilidad de desarrollo industrial propio.

El ataque a la dignidad trabajadora

La otra cara de esta moneda de ajuste es la reforma laboral, que bajo el eufemismo de la "modernización", apunta al corazón de las conquistas históricas del movimiento obrero organizado. La extensión de los períodos de prueba y la facilitación de los despidos no son medidas para crear empleo, sino mecanismos de disciplinamiento social para generar una masa de trabajadores dóciles y precarizados.

Sabemos que no hay dignidad posible sin justicia social. Este paquete legal busca desarmar el modelo de protección que hizo de la Argentina un faro de derechos en la región, pretendiendo que volvamos a la servidumbre del siglo XIX para satisfacer la voracidad de los mercados.

Los cómplices de la entrega

No se puede explicar este retroceso sin señalar la responsabilidad de la "oposición dialoguista". Aquellos bloques que, bajo la excusa de dar "gobernabilidad", terminaron siendo los brazos ejecutores del desguace nacional. En el recinto se vio la peor cara de la política: la que se despega de la realidad de los barrios y las fábricas para pactar prebendas en los despachos de la Casa Rosada.

Mientras en la calle la represión intentó acallar las voces de quienes defienden su futuro, adentro se cocinaba el regreso del Impuesto a las Ganancias sobre los salarios de los trabajadores, al mismo tiempo que se reducía el Impuesto a los Bienes Personales para los sectores más ricos del país. Una transferencia de recursos brutal, de abajo hacia arriba, que define la esencia de este gobierno.

La lucha continúa

La historia argentina nos enseña que las leyes que se escriben contra el pueblo no tienen destino de permanencia. La resistencia no termina en una votación legislativa. Ante el avance del modelo de la exclusión y el remate del patrimonio nacional, la respuesta será la unidad de los trabajadores, los movimientos sociales y el peronismo que no transa.

La Patria no es una sociedad anónima en liquidación; es la memoria de sus luchas y el derecho de sus hijos a un futuro digno. Hoy el Congreso firmó un papel, pero la última palabra la tendrá el pueblo organizado en la calle, defendiendo la justicia social, la soberanía política y la independencia económica.