Crueldad planificada: El Gobierno confirma el ajuste sobre los jubilados y les arrebata el bono de subsistencia

En un nuevo desplante hacia quienes dedicaron su vida al trabajo, la administración nacional decidió congelar el auxilio económico para los haberes mínimos. Mientras el Ejecutivo exhibe ante el FMI un superávit construido sobre el hambre, millones de abuelos y abuelas caen por debajo de la línea de indigencia. Para este modelo, la justicia social es un "gasto" y la dignidad de los mayores, una variable de ajuste.

La insensibilidad oficial ha sumado un nuevo y doloroso capítulo. En un contexto de inflación galopante que no da tregua a los precios de los alimentos y los medicamentos, el Gobierno ha confirmado que los jubilados y pensionados de la ANSES no recibirán el bono compensatorio que permitía, al menos, mitigar el naufragio del poder adquisitivo.

Lo que desde los despachos oficiales se presenta como "ordenamiento de las cuentas públicas" es, en realidad, una transferencia violenta de recursos desde los sectores más vulnerables hacia el sector financiero. Al quitar el bono, el Estado no está "ahorrando", está desertando de su obligación constitucional de garantizar una vida digna a la clase pasiva.

La "licuadora" como única política de Estado

La omisión de este refuerzo económico es un ataque directo al corazón del pacto social. Los haberes mínimos, ya de por sí humillantes, quedan hoy expuestos a la "licuadora" del ajuste salvaje. Sin el bono, el ingreso real de un jubilado promedio retrocede décadas, situándose en niveles que rozan la supervivencia básica.

"No es un error de cálculo, es una decisión política. Se elige pagar intereses de una deuda ilegítima antes que garantizar que un jubilado pueda comprar sus remedios. Eso no es economía, es crueldad", señalan referentes de las organizaciones de trabajadores pasivos.

El mito del superávit y la realidad de las heladeras vacías

Mientras el Ministerio de Economía celebra el equilibrio fiscal en redes sociales, la realidad en los barrios es otra. El "éxito" del modelo se sostiene sobre las espaldas de los 6 millones de argentinos que aportaron al crecimiento de la Nación y hoy son tratados como "material descartable".

La eliminación del bono no es un hecho aislado, sino que se suma a:

• El recorte en la cobertura de medicamentos de PAMI.
• El aumento desproporcionado de las tarifas de servicios públicos.
• La desregulación de los precios de los alimentos, que castiga con más fuerza a quienes menos tienen.

La Justicia Social no es un privilegio, es un derecho

El Estado debe ser el "escudo de los humildes". Defender un sistema previsional solidario y con haberes dignos no es una opción técnica, es un imperativo ético. La pretensión de que el mercado "asigne" recursos a la ancianidad es una falacia que solo conduce a la exclusión.

La historia de la Argentina nos demuestra que solo mediante la intervención del Estado y la firme voluntad política de redistribuir la renta se logra la movilidad social ascendente. Hoy, el camino elegido es el inverso: el de la movilidad social descendente, donde llegar a viejo se ha convertido en una condena a la pobreza.

La resistencia contra este atropello debe ser colectiva. La dignidad de nuestros abuelos es la dignidad de la Patria. Un país que abandona a sus mayores es un país que pierde su futuro.