Sin PASO y con colectoras: Milei quiere reescribir las reglas del juego a medida de su interna
El Gobierno presiona en el Senado para suspender las primarias. Los votos que faltan están en manos de gobernadores del norte que negocian a cambio de recursos y poder territorial.
La Casa Rosada convirtió la suspensión de las PASO en una cuestión de supervivencia política. No se trata de una discusión técnica sobre el costo de una elección: es una herramienta para disciplinar a una oposición fragmentada y, sobre todo, para resolver por la vía institucional una pelea doméstica con Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado y cada vez más distante del Presidente.
La aritmética no cierra. Los tres senadores de Convicción Federal —Carolina Moisés, Guillermo Andrada y Sandra Mendoza— todavía no definieron su voto y respondieron a los gobernadores Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil y Gustavo Sáenz. El tucumano rechaza eliminar las primarias; el catamarqueño las considera "una encuesta muy cara"; el salteño admite que sirven para evitar que las listas se armen desde Buenos Aires. El lunes podría haber definiciones.
En paralelo, el oficialismo ofrece a gobernadores radicales como Maximiliano Pullaro, Gustavo Valdés y Alfredo Cornejo el regreso de las colectoras a cambio del voto. Es decir: se propone eliminar un mecanismo de participación ciudadana para reemplazarlo por un sistema de sellos que multiplica candidaturas y licúa la representación.
Las PASO nacieron en 2009 como respuesta a una crisis de los partidos que venía desde 2001. Con todas sus limitaciones, obligaron a dirimir candidaturas a la vista de la ciudadanía y no en una mesa chica. Su eliminación devolvería ese poder a las cúpulas ya quienes financian campañas: un retroceso democrático que favorece a los aparatos con más recursos ya los liderazgos personalistas.
El episodio revela además la lógica de gobernabilidad del mileísmo: los votos se consiguen con transferencias discrecionales, obras o favores a provincias asfixiadas por el ajuste. Para el peronismo del norte, que acompañó a Sergio Massa en 2023 y luego se apartó, la decisión es también una definición de identidad. Votar con el Gobierno puede traer alivio fiscal a corto plazo, pero consolida un esquema que concentra poder en la Nación mientras vacía de recursos a las provincias.
La pregunta de fondo no es cuánto cuesta votar, sino quién decide las candidaturas y para qué. Una democracia que se ahorra la participación termina pagando el precio en legitimidad.
