Cajoneada en el Senado: la ley contra la ludopatía choca con el negocio de las apuestas online
El proyecto que regula el juego digital tiene media sanción desde 2024 y perderá estado parlamentario el 30 de noviembre si el oficialismo no lo trata. Ni el pedido de la Iglesia ni la visita de León XIV movieron a la Casa Rosada.
Redaccion 
Faltan 17 días para el cierre de las sesiones ordinarias y la ley que regula las apuestas online sigue sin tratamiento. Las tres comisiones que deben dictaminar —Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales— están presididas por senadores de La Libertad Avanza: Ivanna Arrascaeta, Nadia Márquez y Gonzalo Guzmán Coraita. Ninguno mostró voluntad de convocarlas.
La inacción no es neutral. El juego online creció de manera explosiva en los últimos años, con publicidad omnipresente en el fútbol, las redes y los celulares de adolescentes. Escuelas, familias y profesionales de la salud vienen advirtiendo sobre una epidemia silenciosa de endeudamiento y adicción, que golpea con más fuerza en los barrios donde el trabajo escasea y la apuesta aparece como atajo.
Antes de la llegada del Papa, la Comisión Episcopal de Pastoral Social envió una carta a cada senador reclamando un tratamiento "impostergable". Patricia Bullrich y Luis Juez se pronunciaron a favor de avanzar. Sin embargo, la línea de la Casa Rosada parece otra. En la Legislatura bonaerense, una iniciativa similar también naufragó por falta de quórum, con ausencias de legisladores de distintos bloques, incluidos algunos del peronismo.
El dato expone una trama de intereses transversales: las plataformas de apuestas son grandes anunciantes, clubes patrocinadores y estructuras financieras de comunicación. Regular su publicidad, verificar la edad de los usuarios y limitar los incentivos que afecten un negocio millonario. El ideario libertario, que confía en la "libertad de elegir", ignora que la adicción es justamente la pérdida de esa libertad.
Un Estado presenta no prohíbe por prohibir: protege a quienes están en desventaja frente a algoritmos diseñados para retenerlos. Si el proyecto cae, la única salida será su inclusión en sesiones extraordinarias, algo que el Gobierno no parece dispuesto a conceder. El costo lo pagarán, una vez más, los pibes y las familias de los sectores populares.
