Lawfare a la Carta: Comodoro Py retiene ahorros privados mientras garantiza la impunidad de los fugadores seriales

En un nuevo capítulo del show judicial, la defensa de Spagnuolo exige la devolución de bienes incautados sin sentencia firme. Mientras la Justicia Federal se ensaña con causas mediáticas para tapar el desastre económico del Gobierno, los verdaderos responsables del endeudamiento y la bicicleta financiera siguen caminando libres por los pasillos del poder.

La Justicia en Argentina tiene los ojos vendados, pero se ve que la venda tiene agujeros: mira muy bien a quién investiga y a quién protege. Esta semana, la defensa de Mauro Spagnuolo presentó un escrito exigiendo lo que corresponde en cualquier Estado de Derecho: la devolución de 80.000 dólares que fueron secuestrados de una caja de seguridad, en una medida que huele más a escarnio público que a procedimiento procesal.

El pedido de la defensa no es solo un reclamo patrimonial; desnuda la mecánica de Comodoro Py. Se incautan ahorros legítimos —fruto, muchas veces, de la desconfianza histórica en el sistema bancario que los mismos liberales se encargaron de destruir— para generar titulares en los medios hegemónicos (La Nación, Clarín), construyendo culpabilidades antes de que exista siquiera una condena.

La doble vara de los fiscales

Resulta indignante, pero no sorprendente, la celeridad con la que se mueven ciertos jueces para retener los fondos de figuras vinculadas —directa o indirectamente— a las gestiones peronistas, mientras cajonean las causas que involucran a los funcionarios del actual gobierno libertario o a los amigos del poder macrista.

Preguntamos: ¿Dónde están los allanamientos a las "cuevas" que operan el dólar ilegal fomentado por la desregulación de Caputo? ¿Dónde están los secuestros de dólares a los que fugaron un PBI entero con el FMI? Ahí, el Partido Judicial hace silencio de radio. Pero cuando se trata de hostigar a un ciudadano en el marco de una causa politizada, despliegan todo el aparato represivo estatal.

El derecho a la propiedad (según quién sea el dueño)

Es curioso ver cómo el gobierno de Javier Milei, que se llena la boca hablando de la "inviolabilidad de la propiedad privada", celebra por lo bajo estos atropellos cuando las víctimas son opositores o "no alineados".

Que Spagnuolo pida que le devuelvan lo que es suyo es un acto de lógica jurídica. Que se lo nieguen o lo dilaten es una decisión política. Mantener ese dinero secuestrado no repara ningún daño al Estado; solo sirve para mantener viva la llama del Lawfare, esa guerra jurídica que busca disciplinar a la política a través del miedo y la extorsión judicial.

Una cortina de humo

No es casualidad que este tema vuelva a la agenda justo cuando la inflación de febrero golpea los bolsillos y la conflictividad social va en aumento. El manual de operaciones es viejo y conocido: cuando la economía real se cae a pedazos, activan el "circo judicial" para distraer a la opinión pública.

La Justicia debe ser independiente y veloz para todos, no una herramienta de persecución selectiva. Mientras sigan persiguiendo ahorros en cajas de seguridad y haciendo la vista gorda ante el saqueo financiero de la Nación, no habrá verdadera República, sino una corporación judicial al servicio de los poderosos.