El Modelo del Veneno: El agronegocio avanza sobre la salud de los argentinos con la complicidad del Estado

Mientras el Gobierno festeja la desregulación ambiental y la suba de las commodities, un nuevo informe expone la cara oculta del "éxito" exportador: el uso indiscriminado de agrotóxicos que envenena nuestros suelos y enferma a nuestros compatriotas. La dicotomía es clara: rentabilidad para las corporaciones o salud para el pueblo.

No es sequía, es saqueo. Y ahora, también es envenenamiento. La reciente investigación difundida esta semana confirma lo que las Madres de Ituzaingó y los Pueblos Fumigados vienen gritando hace años ante oídos sordos: el modelo agroexportador, sin control estatal, mata.

Los datos son escalofriantes. Se han detectado niveles récord de pesticidas prohibidos en gran parte del mundo —pero avalados por la gestión libertaria en nombre de la "libertad de mercado"— en alimentos de consumo masivo y en los cursos de agua que abastecen a las poblaciones rurales.

La libertad de fumigar

La política de "vía libre" a las multinacionales químicas impulsada por la administración de Javier Milei ha convertido a la Pampa Húmeda y a las economías regionales en un laboratorio a cielo abierto. Al desmantelar los organismos de control y flexibilizar las normativas ambientales (vistas por el oficialismo como "trabas burocráticas"), se ha dejado desamparada a la población frente a la voracidad de rentabilidad.

Para el Gobierno, el glifosato y sus derivados son insumos productivos. Para el sanitarismo y el peronismo que defiende la vida, son agrotóxicos que generan cáncer, malformaciones y problemas respiratorios en las barriadas más humildes, que siempre son las primeras en recibir la deriva del veneno.

Soberanía Alimentaria vs. Agronegocio

Este no es un problema técnico, es profundamente político. ¿De qué sirve ser el "granero del mundo" si el pan que llega a la mesa de los argentinos es tóxico? La discusión de fondo es la Soberanía Alimentaria.

El modelo actual, profundizado por el DNU y la Ley Bases, concibe al alimento como una mercancía dolarizada y no como un derecho humano. Se prioriza el rindes por hectárea para juntar divisas para la deuda, sacrificando la biodiversidad y la salud de las comunidades.

Es la lógica del descarte: zonas de sacrificio donde la vida vale menos que una tonelada de soja.

El Estado tiene que cuidar

Frente al avance de las corporaciones que privatizan las ganancias y socializan el daño ambiental, la única barrera es un Estado presente. Necesitamos volver a una política que ponga al ser humano en el centro, promoviendo la agroecología y protegiendo a los cinturones hortícolas de la especulación inmobiliaria y química.

La justicia social hoy también es justicia ambiental. No se puede hablar de libertad cuando se condena a nuestros gurises a crecer respirando veneno. La patria no se vende, y la salud de nuestro pueblo no se negocia en la bolsa de Chicago.