Asbesto, muertes y rompehuelgas: el conflicto del subte expone quién paga el costo del servicio
La Ciudad obligó a garantizar el 50% del servicio durante el paro por la muerte de un séptimo trabajador con cáncer asociado al asbesto. Los gremios denuncian que se quiso usar a los supervisores como esquiroles.
Redaccion 
Los trabajadores del subte porteño pararon en protesta por la muerte de un séptimo compañero por cáncer de pulmón vinculado a la exposición al asbesto, un material cancerígeno prohibido en el país desde 2003 pero todavía presente en formaciones e instalaciones. La respuesta del Gobierno porteño no fue acelerar el desamiantado: fue una resolución que obliga a prestar al menos el 50% del servicio.
La norma, basada en el Decreto 230/26 que declara esencial al transporte, fue rechazada por la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro y también por el sindicato de supervisores, Assra. Estos últimos denunciaron "maniobras de presión y hostigamiento" de Emova, la concesionaria del Grupo Roggio, que pretendía que los jerárquicos cubrieran tareas ajenas para quebrar la medida.
El conflicto condensa una discusión de fondo. La ampliación de los "servicios esenciales" es una herramienta para vaciar el derecho de huelga, garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución. Mientras tanto, la empresa que opera el servicio bajo concesión pública no garantiza condiciones seguras de trabajo y el Estado que debería controlarla se pone de su lado.
Los usuarios sufren las demoras, pero el origen del problema no está en los trabajadores que reclaman por su vida. Está en años de desinversión, en contratos que priorizan la rentabilidad del concesionario y en un Estado que mira para otro lado. Ningún servicio puede ser esencial si quienes lo hacen funcionar mueren por hacerlo.
