Mientras Milei viaja, el Congreso intenta frenar el ajuste brutal: Jubilados y personas con discapacidad, en el centro de la tormenta
En un nuevo episodio de desconexión con la realidad social, el presidente Javier Milei se embarca en otro viaje internacional mientras el Congreso de la Nación busca ponerle un freno al desolador ajuste que golpea con particular virulencia a los sectores más vulnerables: jubilados y personas con discapacidad.

La ofensiva opositora se intensifica, con el Senado convocando al titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, Mario Lugones, y Diputados a la espera de Luis Petri, Ministro de Defensa, en un intento por obtener respuestas y revertir las drásticas medidas que ahogan a millones.
La urgencia del parlamento no es casualidad. En un país que ya padece las consecuencias de una inflación descontrolada y una recesión galopante, las políticas del gobierno libertario han profundizado la crisis para aquellos que menos tienen. La cuestión de las jubilaciones, cuyo poder adquisitivo se pulveriza día a día, es un clamor popular que resuena en cada rincón del país. La oposición, en un raro gesto de unidad, exige que se convoque de manera inmediata al tratamiento de proyectos que busquen recomponer los haberes, hoy reducidos a la mínima expresión.
La emergencia en discapacidad: Una herida abierta
Pero la situación de los jubilados no es la única alarma encendida. La declaración de emergencia en Discapacidad es otra de las banderas que la oposición levanta con fuerza. Los recortes en prestaciones, terapias y medicamentos están poniendo en jaque la calidad de vida de miles de personas con discapacidad y sus familias, quienes se ven despojados de derechos fundamentales en nombre de una supuesta "austeridad". La preocupación es creciente, y la sociedad civil se moviliza para visibilizar el abandono estatal.
El temporal como espejo de la desidia
A este panorama desolador se suma la necesidad de abordar la situación de emergencia generada por el reciente temporal que azotó a la provincia de Buenos Aires. La falta de respuestas rápidas y eficientes por parte del gobierno nacional frente a la catástrofe natural ha puesto de manifiesto, una vez más, la desatención hacia las necesidades básicas de la población. La exigencia de asistencia y recursos para los damnificados se vuelve imperiosa, evidenciando que el “no hay plata” oficial parece aplicarse solo a los sectores populares, mientras las prioridades del Ejecutivo se orientan a otros horizontes.
La postura de la izquierda es clara: este gobierno, ensimismado en su agenda ideológica y sus viajes al exterior, demuestra una absoluta indiferencia ante el sufrimiento de las mayorías. Mientras el presidente se ausenta, el Congreso, bajo presión de la sociedad, intenta ser la voz de aquellos que no tienen voz. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿será suficiente la presión parlamentaria para torcer el rumbo de un ajuste que parece no tener límites y que sigue dejando a miles de argentinos y argentinas en la indefensión más absoluta? El desafío es enorme, y la respuesta dependerá de la capacidad de articulación de las fuerzas populares para poner un freno a este modelo de exclusión.