Un escudo contra la usura: La Provincia busca rescatar a las familias bonaerenses del ahogo financiero

Ante la crueldad del modelo nacional que empuja a los trabajadores al endeudamiento para poder comer, el Gobierno de Axel Kicillof impulsa una instancia judicial para frenar los abusos de los acreedores. La Justicia Social llega allí donde el mercado solo ofrece exclusión.

En la Argentina del ajuste salvaje de Javier Milei, donde los salarios se licúan y las tarifas se vuelven impagables, el endeudamiento familiar ha dejado de ser una excepción para convertirse en una estrategia de supervivencia. Frente a este escenario de vulnerabilidad, la Provincia de Buenos Aires vuelve a marcar el camino de la resistencia: se propone la creación de una instancia judicial específica para proteger a las familias sobreendeudadas y ponerle un freno a la usura financiera.

La iniciativa, que surge como una respuesta política y humana al "sálvese quien pueda" neoliberal, busca que las y los bonaerenses no pierdan su patrimonio ni su dignidad por deudas contraídas en un contexto de emergencia económica. No se trata solo de números; se trata de familias que, para pagar la luz o el supermercado, terminan atrapadas en los intereses leoninos de tarjetas de crédito y financieras de dudosa ética.

El Estado como garante de la dignidad

Mientras el Gobierno Nacional celebra el "superávit" a costa del hambre del pueblo, la gestión bonaerense entiende que la libertad sin justicia social es solo la libertad de los poderosos para oprimir a los débiles. El proyecto de ley busca establecer un procedimiento de renegociación de deudas que sea justo, accesible y que contemple la realidad social del deudor.

El crédito debe ser una herramienta de crecimiento, no una trampa de pobreza. Hoy, miles de hogares en la PBA destinan más de la mitad de sus ingresos al pago de intereses. Esta medida busca desarmar la "bomba de tiempo" financiera que pesa sobre la espalda de la clase trabajadora, garantizando un piso de consumo básico que no pueda ser embargado por la codicia bancaria.

Contra la timba, organización y derechos

La propuesta legislativa pone el foco en la asimetría de poder. En un juicio tradicional, los grandes bancos cuentan con ejércitos de abogados, mientras que el vecino de a pie se encuentra solo frente al sistema. La nueva instancia judicial propone:

• Gratuidad en el acceso: Que la falta de recursos no sea un impedimento para defenderse de la usura.
• Mediación obligatoria: Forzar a las entidades financieras a sentarse a negociar condiciones razonables antes de llegar al remate o al embargo.
• Protección de bienes esenciales: Blindar la vivienda y los elementos de trabajo frente al avance de los acreedores.

Soberanía económica en el hogar

Esta política se inscribe en la tradición de un Estado que interviene para equilibrar la balanza. En tiempos donde se pretende mercantilizar cada aspecto de la vida, la Provincia de Buenos Aires reafirma que la economía debe estar al servicio del bienestar general.

La "paz de los mercados" que pregona la derecha se construye sobre la angustia de los padres y madres que no saben si mañana podrán pagar el alquiler. Frente a esa crueldad, el proyecto bonaerense propone una salida colectiva y humana. Porque la patria es el otro, y una familia endeudada es una familia cuya libertad ha sido secuestrada por el capital concentrado.