Perú en su laberinto: La democracia de fachada y el poder real de la sombra fujimorista

La inestabilidad crónica del hermano país no es fruto de la casualidad, sino la estrategia deliberada de una oligarquía enquistada que, bajo el manto del fujimorismo, secuestra las instituciones para impedir cualquier atisbo de soberanía popular. Cambian los rostros en el Palacio de Gobierno, pero el poder fáctico sigue en manos de los herederos de la dictadura.

La crisis política en Perú se ha vuelto un paisaje habitual, casi una nota al pie en la ajetreada realidad de nuestra América Latina. Sin embargo, reducir lo que sucede allí a una mera "sucesión de presidentes" es caer en la trampa de la antipolítica. Lo que observamos en la tierra de Mariátegui es la operación quirúrgica y despiadada de un modelo de dominación que ha perfeccionado los mecanismos para burlar la voluntad del pueblo. Como bien señala el análisis original, en Perú los presidentes son fusibles, pero la corriente eléctrica la maneja, desde hace décadas, el fujimorismo y sus aliados en los poderes fácticos.

No estamos hablando meramente de un partido político. Hablamos de la expresión institucional de una derecha neoliberal y autoritaria que echó raíces durante la dictadura de Alberto Fujimori en los 90 y que nunca fue verdaderamente desmantelada. Hoy, bajo el liderazgo de su hija Keiko –la eterna candidata del establishment que no logra ganar en las urnas pero gobierna desde las sombras–, el fujimorismo ha convertido al Congreso en su búnker y al sistema judicial en su fuerza de choque.

Esta estructura de poder paraestatal funciona como un cepo a la democracia. Su objetivo es claro: disciplinar, bloquear y, si es necesario, derrocar a cualquier gobierno que ose desafiar el statu quo neoliberal. El caso del maestro rural Pedro Castillo es el ejemplo más doloroso y reciente. Un presidente electo por el voto del Perú profundo, el de los "nadies", que fue sistemáticamente acorralado, bombardeado con lawfare y finalmente depuesto por un golpe parlamentario orquestado por esta alianza oligárquica que no tolera que un "igualado" tome las riendas del Estado.

La actual presidenta, Dina Boluarte, no es más que la cara visible de una restauración conservadora que se sostiene sobre la represión brutal de la protesta social –con un saldo trágico de decenas de hermanos asesinados– y el pacto espurio con las bancadas de la derecha en el Congreso, lideradas de facto por el fujimorismo. La ecuación es perversa: para sobrevivir en el cargo, el Ejecutivo debe arrodillarse ante el poder legislativo que controla la "Fuerza Popular" fujimorista.

Mientras tanto, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional han sido cooptados para blindar este esquema. Se persigue a líderes sociales y opositores, mientras se garantizan la impunidad de los propios y la continuidad de un modelo económico primario-exportador que saquea los recursos naturales y precariza la vida de las mayorías.

La lección que nos deja Perú es amarga pero necesaria para toda la región. No alcanza con ganar elecciones si no se desmontan los resortes del poder real que siguen operando en las sombras. La democracia liberal, tal como está diseñada, se muestra impotente frente a estas mafias políticas que utilizan sus propias reglas para destruirla desde adentro.

La salida no será fácil ni rápida. Requiere de la organización y movilización sostenida del pueblo peruano, de la construcción de un gran frente nacional y popular que se plantee no solo cambiar de figurita en el sillón presidencial, sino avanzar hacia un proceso constituyente que refunde el Estado sobre bases de justicia social y soberanía verdadera, barriendo con la herencia maldita del fujimorismo para siempre. Desde el sur de la Patria Grande, nuestra solidaridad y atención están con ellos.