El Gobierno Legitima el Dinero Negro con Insólito Blanqueo "a Medias"
A tan solo seis meses de haber lanzado un blanqueo de capitales que prometía transparencia y el fin de la evasión, el gobierno actual da un giro de timón escandaloso. Ahora, se anuncia con bombos y platillos la autorización para utilizar dólares no declarados, una medida que no solo contradice su discurso inicial, sino que abre las puertas a la legitimación de fondos de origen dudoso y profundiza la ya preocupante bimonetización de nuestra economía.

Las declaraciones del funcionario de turno, aún sin el respaldo de una normativa detallada, han encendido las alarmas entre especialistas y organizaciones de la sociedad civil. ¿Acaso estamos presenciando una invitación descarada al lavado de activos? ¿Se busca premiar a quienes históricamente evadieron sus responsabilidades fiscales, en detrimento de aquellos que cumplen con la ley? Estas son las preguntas que resuenan con fuerza ante este nuevo anuncio.
Lejos de fortalecer la moneda nacional y promover la transparencia financiera, esta medida parece consolidar el dólar como la moneda de facto en nuestro país. Al permitir la circulación y el uso de divisas no declaradas, el gobierno no solo reconoce la debilidad del peso, sino que también fomenta una economía paralela donde el origen de los fondos se vuelve opaco y difícil de rastrear.
Resulta indignante que, mientras se exige austeridad y sacrificios a la clase trabajadora, se allane el camino para que aquellos que ocultaron su riqueza puedan ahora utilizarla sin rendir cuentas. Esta doble vara moral es una afrenta a la justicia social y un claro ejemplo de cómo las políticas de este gobierno favorecen a los sectores más privilegiados.
Esta nueva disposición no solo genera suspicacias sobre su legalidad y ética, sino que también plantea serias dudas sobre su impacto a largo plazo. Formalizar la economía bimonetaria implica renunciar a la soberanía monetaria y exponer aún más nuestra economía a las fluctuaciones del dólar, con las consecuencias negativas que esto conlleva para los precios, los salarios y el poder adquisitivo de la mayoría.
Desde los sectores populares, alzamos nuestra voz de repudio ante esta medida que consideramos un retroceso en la lucha contra la evasión fiscal y un nuevo golpe a la ya maltrecha economía de los trabajadores. No permitiremos que se legitime el dinero negro a costa del bienestar de la mayoría. Exigimos transparencia, justicia fiscal y políticas que realmente promuevan una economía al servicio del pueblo, y no de unos pocos especuladores. ¡La defensa de nuestra soberanía económica es una lucha de todos!