El Gobierno redobla la apuesta contra los jubilados y amenaza con vetar el aumento votado en Diputados
En una nueva embestida contra los sectores más vulnerables, el Ejecutivo nacional ejerce una presión sin precedentes sobre la Cámara de Diputados para frenar el tratamiento del proyecto de ley que busca recomponer los haberes jubilatorios.
Redaccion
La jornada legislativa, que también incluirá el debate sobre la emergencia en discapacidad y la asistencia a las zonas inundadas, se ve empañada por la abierta amenaza gubernamental de vetar cualquier iniciativa que implique una mejora en la calidad de vida de la población.
La maniobra oficialista no es casual. Mientras la inflación carcome el poder adquisitivo de quienes dedicaron toda una vida al trabajo, el gobierno se atrinchera en una política de ajuste fiscal que tiene a los jubilados como principales rehenes. La propuesta de aumento, que busca paliar la brutal pérdida de valor de las jubilaciones, se convierte así en un campo de batalla donde se dirime la verdadera prioridad del Estado: ¿el bienestar de su pueblo o la obediencia a los dictados de los mercados?
La agenda social, bajo el ojo de la tormenta neoliberal
El paquete de medidas que se tratará en el Congreso desnuda la profunda crisis social que atraviesa el país. La emergencia en discapacidad, con miles de personas y familias desamparadas por la falta de políticas públicas y recortes presupuestarios, se suma a la imperiosa necesidad de asistencia para las zonas devastadas por las recientes inundaciones. Sin embargo, la respuesta del gobierno, lejos de ser solidaria, es la de la amenaza y el veto.
Esta postura intransigente no hace más que profundizar la brecha entre un gobierno que prioriza el superávit fiscal a cualquier costo y una sociedad que clama por justicia social. La tan mentada "austeridad" se traduce, en los hechos, en un ahogamiento de los sectores populares y una desatención alarmante de las problemáticas más urgentes.
Ministros a dar explicaciones: la farsa de la transparencia
En un intento por lavar su imagen ante la creciente indignación popular, dos ministros del gabinete deberán presentarse en el Congreso para “dar explicaciones”. Una puesta en escena que, lejos de ofrecer respuestas y soluciones, busca diluir responsabilidades y justificar lo injustificable. La ciudadanía, sin embargo, ya no se conforma con promesas vacías ni con excusas. La calle, los barrios, las organizaciones sociales, exigen respuestas concretas y políticas que pongan fin a la precarización y el sufrimiento.
La amenaza de veto a las leyes que benefician a los jubilados, a las personas con discapacidad y a los damnificados por las inundaciones, no es solo un acto antidemocrático, sino una declaración de guerra contra los derechos adquiridos y la dignidad de millones de argentinos. La jornada de hoy en Diputados será una prueba de fuego para la voluntad política de una clase dirigente que parece haber olvidado a quiénes debe representar.
