Explosión en Lanús: Metrogas cerró sus oficinas ante la bronca de los vecinos

Tras la explosión que dejó un muerto y 30 heridos, aparecieron nuevas fugas. El municipio denuncia incumplimiento de protocolos y un gremio alerta por la presión sobre los contratistas.

Explosión en Lanús: Metrogas cerró sus oficinas ante la bronca de los vecinos
Imagen: Wikimedia Commons (licencia libre)

La bronca de los vecinos de Lanús obligó a Metrogas a cerrar sus oficinas en la zona, incluida la sucursal de Banfield, donde dejó apenas un cartel con un teléfono y un correo para reclamos. La protesta llegó tras la explosión del viernes en el centro comercial de Remedios de Escalada, que dejó un muerto y 30 heridos, siete de ellos en estado grave. El lunes se denunciaron tres nuevas fugas cerca de la estación Lanús.

Según la reconstrucción, el estallido se produjo al romperse un caño de media presión durante trabajos de renovación de la red a cargo de Exgadet, contratista de Metrogas. El intendente Julián Álvarez aseguró que el personal llamó al servicio de alerta de la empresa en lugar de avisar al municipio, lo que impidió cortar la luz y evacuar. El municipio será querellante y denunció que es "evidente el incumplimiento de los protocolos de emergencias por parte de la empresa".

El gremio del personal jerárquico del gas, APJGas, aportó una advertencia de fondo: las contratistas trabajan bajo presión para avanzar "a producción", con cada vez menos supervisión de seguridad. Y el organismo que debería controlar, el ENReGE —que absorbió las funciones del Enargas y del ENRE—, atraviesa un proceso de vaciamiento: llevaba meses sin presidente.

El contexto agrava las preguntas. La explosión ocurre mientras Metrogas está en proceso de venta a Edenor, controlada por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti, y después de que el Gobierno destrabara la extensión de su concesión hasta 2047.

Es la lógica completa del modelo: tarifas que suben, concesiones que se prorrogan por décadas, organismos de control desarmados y empresas que tercerizan para bajar costos. Cuando algo falla, el costo lo pagan los vecinos, los comerciantes y los trabajadores. Un servicio público esencial como el gas no puede regirse solo por la rentabilidad: necesita un Estado que controle, sancione y garantice la seguridad de todos.