Medicamentos, Estado y soberanía sanitaria: por qué la Provincia quiere su propio laboratorio
El Senado bonaerense aprobó crear una empresa pública farmacéutica. Los argumentos en contra repiten viejos prejuicios; el debate de fondo es quién fija el precio de la salud.
El Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó el proyecto que crea el Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense, una sociedad anónima en la que el Estado provincial tendría el 99% del capital y que se financiaría con sus ventas y aportes complementarios. La iniciativa, impulsada por el gobierno de Axel Kicillof, debe pasar ahora por Diputados.
El editorial de La Nación la cuestiona con dureza: advierte sobre déficits, burocracia, posibles "refugios para militantes" y sindicatos con poder de veto, y propone en su lugar compras conjuntas, licitaciones internacionales y contratos con los laboratorios existentes. Algunas preguntas son legítimas —costos, gestión profesional, transparencia— y cualquier empresa pública debe responderlas. Pero el planteo central parte de un prejuicio: que el Estado está condenado a fracasar como productor.
La experiencia dice otra cosa. Los laboratorios públicos argentinos producen hace décadas medicamentos esenciales, y durante la pandemia el sistema científico y productivo estatal demostró capacidad de respuesta. Brasil, con Fiocruz, o Cuba, con su industria biotecnológica, construyeron soberanía sanitaria desde el Estado. Y la Argentina tiene antecedentes propios de empresas públicas exitosas, de YPF a ARSAT o INVAP.
El problema real es el mercado farmacéutico: concentrado, con precios que suben por encima de la inflación y con una dependencia creciente de principios activos importados. Las "alternativas" que propone el editorial dejan intacto ese poder: comprar más barato a los mismos laboratorios no cambia quién fija los precios. Un productor público, en cambio, puede funcionar como referencia, abastecer hospitales y garantizar medicamentos que el mercado no fabrica porque no son rentables.
Nada de esto exime de exigir gestión profesional, metas claras y control ciudadano. Pero la pregunta no es si el Estado debe ser empresario, sino si la salud puede quedar librada solo a la lógica de la ganancia. Para una tradición que hizo de la salud pública un derecho, la respuesta es clara.
