La derecha regional, entre la fuga y la celda
Flávio Bolsonaro dejó Brasil por Misiones esquivando a la Justicia y ahora busca refugio y relanzarse desde Washington. En Paraguay, Santiago Peña perdió los privilegios que tenía como detenido. Son dos escenas del mismo modelo: el que promete orden y termina en bancos quebrados, fronteras sin control y dirigentes que piden impunidad.
Pasaron tres semanas desde que perdió el balotaje del 25 de octubre por más de cuatro millones de votos. Ahora Flávio Bolsonaro anuncia desde Washington que está “listo para regresar” si hay una nueva elección. Lo dijo en una entrevista con Reuters, y ahí también volvió a sembrar dudas sobre el triunfo de Lula, sin presentar pruebas. En la misma charla vaticinó que “Brasil va a quebrar”. Es el libreto de siempre: cuando las urnas no acompañan, se desconoce el resultado y se ataca a la Justicia.
La salida fue tan elocuente como el discurso. El Supremo Tribunal Federal le había ordenado entregar el pasaporte porque lo investiga por presunto lavado de dinero y por riesgo de fuga. Aun así, la noche del 27 de octubre entró a la Argentina con su familia por el puente Tancredo Neves, en Misiones. Cuarenta minutos después subió a un avión privado con destino declarado a Guayaquil, y desde ahí siguió hacia Estados Unidos. Un informe periodístico mostró que en el último control brasileño, frente a la Triple Frontera, no había efectivos. Brasil pidió explicaciones a la Argentina. Flávio, en cambio, sigue sin decir quién lo ayudó.
El destino no es casual. El 31 de octubre, Donald Trump lo autorizó a quedarse en Estados Unidos “el tiempo que quiera”. La potencia que desde hace años presenta la Triple Frontera como un problema de seguridad hemisférica ahora recibe a quien la usó para evadir la ley. Para la región, el mensaje es claro: la soberanía de nuestros países vale según quién la invoque.
A pocos kilómetros, Paraguay ofrece la otra cara de la misma moneda. Santiago Peña era uno de los aliados más fieles del gobierno de Javier Milei. El Senado lo destituyó por unanimidad el 6 de noviembre por “mal desempeño de funciones”, después del colapso de Ueno Bank, que dejó con los depósitos congelados a casi tres millones de clientes. Desde entonces está en prisión preventiva. Este lunes la Justicia ordenó trasladarlo a la cárcel militar de Viñas Cué, cuando se confirmó que en el regimiento donde estaba alojado tenía comodidades especiales, entre ellas aparatos de gimnasia. El jefe de su custodia fue removido.
Leídos juntos, los dos casos dicen mucho más que dos crónicas policiales. Muestran un proyecto que promete libertad de mercado, pero cuyas cuentas terminan pagándolas los ahorristas, los trabajadores y las familias endeudadas. Las élites que lo encabezan esperan, en cambio, un trato de excepción: un avión privado, un pasaporte que no se entrega, una celda con gimnasio.
Frente a eso, la tradición nacional y popular tiene algo que decir. No hay soberanía política con fronteras liberadas para la fuga. Tampoco hay independencia económica con bancos que se desploman sin control estatal, ni justicia social donde la ley no rige para los poderosos. La pregunta que queda para la Argentina es incómoda pero necesaria: qué papel juega el país, y su gobierno, en la red de protección de la derecha regional.
