Discapacidad: el Congreso convirtió en ley lo que el ajuste quiso borrar
Con 71 votos y ningún rechazo, el Senado sancionó una norma que restituye la actualización por inflación de las prestaciones y obliga al Ejecutivo a saldar la deuda con los prestadores. Ahora la pelea es que se cumpla.
Hay votaciones que dicen más de lo que muestran. La unanimidad con la que el Senado aprobó la nueva ley de discapacidad —71 votos a favor, ninguno en contra— no expresa un consenso espontáneo: es el resultado de casi dos años de movilización de personas con discapacidad, familias, terapeutas, transportistas e instituciones que sostuvieron el reclamo en la calle mientras el Gobierno los señalaba como sospechosos.
El texto, que ya había logrado 237 votos en Diputados, convierte en permanente lo que nació como respuesta a la emergencia. Entre sus puntos centrales, garantiza la actualización mensual por inflación del nomenclador de prestaciones, un mecanismo que el propio Presupuesto 2027 había eliminado. Fija por ley los requisitos para acceder a las pensiones, hasta ahora sujetos a la discrecionalidad del Ejecutivo; mantiene el régimen de empleo protegido y obliga al Gobierno a presentar en 30 días un cronograma para pagar la deuda acumulada con los prestadores.
El oficialismo intentó apropiarse del resultado. Patricia Bullrich habló de pasar "del parche a la regla" y destacó la compatibilidad entre pensión y trabajo registrado. Pero el giro no puede ocultar lo ocurrido: durante meses, el discurso oficial instaló la idea de las "pensiones truchas" para justificar auditorías masivas, bajas de beneficios y prestaciones congeladas que llevaron a muchos centros al borde del cierre.
Detrás de esa estrategia hay una concepción política. Para el Gobierno, la discapacidad es un gasto a recortar; para una tradición nacional y popular, es un derecho que el Estado garantiza porque nadie se salva solo. La diferencia no es retórica: se mide en terapias interrumpidas, en transportistas que dejaron de trabajar y en familias que tuvieron que elegir entre la medicación y el alquiler.
La oposición fue clara: la ley es un avance, pero el problema será la reglamentación y el financiamiento. La advertencia tiene fundamento. El Ejecutivo ya demoró la aplicación de normas votadas por el Congreso y el Presupuesto en debate contempla partidas que no alcanzan para cumplir lo que esta ley ordena.
La sanción demuestra que la organización social puede torcer el rumbo de un ajuste presentado como inevitable. Lo que sigue es vigilar que la ley no quede en el papel. La justicia social, se sabe, no se decreta: se conquista y se defiende.
Recinto del Senado de la Nación. Foto: Wikimedia Commons (CC0)
