Trazabilidad europea: los pequeños ganaderos pagan la cuenta de un sistema concentrado

Entidades rurales denuncian que frigoríficos exportadores pagan menos por la hacienda a quienes no están inscriptos en una plataforma privada de certificación. El reglamento europeo contra la deforestación abre una disputa en la que el Estado decidió no intervenir.

Trazabilidad europea: los pequeños ganaderos pagan la cuenta de un sistema concentrado
Hacienda vacuna en corrales. Foto: Dangelin5 / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

La exigencia europea de demostrar que la carne no proviene de tierras deforestadas abrió un nuevo frente de conflicto en la cadena ganadera. Dirigentes de CARBAP, CARTEZ y CARSFE cuestionaron que algunos frigoríficos exportadores paguen menos por la hacienda a los productores que no están inscriptos en VISEC Carne, una plataforma de certificación. Reclaman que se reconozcan todas las certificadoras que garanticen la trazabilidad y advierten sobre la falta de intervención del Estado.

El trasfondo es el reglamento europeo 1115, que obliga a probar que determinados productos, entre ellos la carne bovina y la soja, no provienen de campos deforestados después del 31 de diciembre de 2020. Es una regla que la Unión Europea fijó de manera unilateral y que se aplica a países que no participaron de su diseño.

El problema no es la trazabilidad en sí: cuidar los bosques es una necesidad, y saber de dónde viene lo que se exporta también puede ser una ventaja comercial. El problema es quién controla ese sistema y quién paga sus costos. Cuando la certificación queda en manos de una sola plataforma privada y los frigoríficos exportadores, que concentran el negocio, usan esa condición para descontar precio al productor, el resultado es una nueva transferencia de ingresos hacia arriba en la cadena.

Los más perjudicados son los pequeños y medianos criadores, que tienen menos espalda para afrontar trámites, costos de inscripción y adecuaciones técnicas. Para ellos, cada descuento por kilo es la diferencia entre sostener la actividad o abandonarla. Así, una norma pensada en Bruselas para proteger el ambiente termina reforzando la concentración en el campo argentino.

Lo que falta es un Estado presente. Un sistema público de trazabilidad, gratuito y reconocido internacionalmente, permitiría cumplir con las exigencias externas sin dejar a los productores a merced de intermediarios. También daría a la Argentina una posición más firme para negociar con la Unión Europea, en lugar de aceptar reglas ajenas y dejar que el mercado reparta los costos. Retirarse de esa disputa no es neutralidad: es elegir del lado de los más fuertes.