Ciberseguridad: una renuncia, fondos de Estados Unidos y el proyecto de ARSAT que quedó en el aire

La salida del titular del Centro Nacional de Ciberseguridad dejó en suspenso un plan para proteger las redes del Estado con infraestructura propia. Coincidió con nuevas reglas de compra que pueden excluir a proveedores chinos y con 15 millones de dólares estadounidenses.

Ciberseguridad: una renuncia, fondos de Estados Unidos y el proyecto de ARSAT que quedó en el aire
Estación terrena de ARSAT en Benavídez. Foto: BugWarp / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

La renuncia de Ariel Waissbein al frente del Centro Nacional de Ciberseguridad dejó más que una silla vacía. Durante su gestión se había elaborado un proyecto para crear un Centro de Operaciones de Ciberseguridad nacional montado sobre infraestructura propia de ARSAT, la empresa estatal de telecomunicaciones. Con su salida, esa iniciativa quedó en un limbo.

El cambio no ocurrió en el vacío. Coincidió con la llegada de 15 millones de dólares de fondos estadounidenses y con nuevas normas para la compra de tecnología por parte del Estado. Entre las exigencias aparece una certificación que puede dejar afuera de futuras adquisiciones a los fabricantes incluidos en las listas de restricciones de Estados Unidos, entre ellos Huawei y ZTE.

La decisión tiene consecuencias prácticas. Parte de la Red Federal de Fibra Óptica que opera ARSAT utiliza tecnología de Huawei. Excluir a ese proveedor no es solo un gesto diplomático: puede implicar costos de reemplazo, problemas de mantenimiento y una mayor dependencia de un único bloque tecnológico para una infraestructura que conecta a buena parte del interior del país.

La ciberseguridad es un asunto de soberanía. Las redes del Estado guardan datos de salud, de la seguridad social, de los registros públicos y de las fuerzas de seguridad. Un centro de operaciones sobre infraestructura nacional, con personal propio y bajo control público, es una pieza clave para protegerlos. Dejar ese proyecto en suspenso mientras se reciben fondos y condiciones de una potencia extranjera plantea una pregunta inevitable: quién define la política tecnológica argentina.

La disputa entre Estados Unidos y China por el control de las redes es un dato del mundo actual, y la Argentina no puede ignorarla. Pero tomar partido de manera automática, sin evaluar costos ni intereses propios, es resignar capacidad de decisión. Una política de ciberseguridad soberana debería diversificar proveedores, fortalecer el desarrollo nacional y poner a ARSAT en el centro de la estrategia, no en un segundo plano.