Las cadenas agrícolas piden blindar por ley el fin de las retenciones
Maizar, Asagir, Argentrigo y Acsoja presentaron una agenda común que reclama un cronograma legal para eliminar los derechos de exportación. El planteo abre una discusión de fondo: quién se queda con la renta del suelo argentino y con qué herramientas cuenta el Estado para cuidar la mesa de los argentinos.
Las cuatro cadenas agrícolas más importantes del país dieron un paso más en su reclamo contra las retenciones. El presidente de Maizar, Luis María Urriza, presentó una agenda común con Asagir, Argentrigo y Acsoja que pide una ley con fechas y alícuotas definidas para eliminar los derechos de exportación, además de crédito a largo plazo e incentivos para reponer nutrientes en el suelo.
El argumento central es la previsibilidad. Según Urriza, aunque el Gobierno aseguró que la baja de impuestos al que produce es un camino sin retorno, el Código Aduanero todavía permite volver a subirlos. Por eso, las entidades quieren que la eliminación quede escrita en una ley y no dependa de la voluntad del ministro de turno.
El reclamo tiene un punto atendible: las retenciones son un tributo parejo que castiga del mismo modo a un gran productor de la zona núcleo que a un chacarero del norte, lejos de los puertos, con costos de flete que se comen buena parte de su margen. El propio Urriza lo planteó así. Esa desigualdad existe y merece respuesta.
Pero la solución que se propone va mucho más allá. Eliminar por ley y para siempre los derechos de exportación significa renunciar a una de las pocas herramientas que tiene el Estado para desacoplar los precios internos de los alimentos de los vaivenes internacionales y para captar una parte de la renta extraordinaria que genera la tierra fértil argentina, que no es fruto del esfuerzo de nadie en particular. Esa renta, sin retenciones, queda concentrada en pocas manos: grandes productores, pools de siembra y, sobre todo, un puñado de exportadoras multinacionales que controlan el comercio de granos.
Hay alternativas a la falsa opción entre todo o nada. Retenciones segmentadas por escala y por distancia a los puertos, compensaciones para los pequeños y medianos productores y una política de crédito y de infraestructura que acerque a las economías regionales. Atar las manos del Estado por ley, en cambio, es una decisión que beneficia a pocos y que pagarán, en la próxima suba internacional de los granos, todos los que van al supermercado.
