Cierre gradual y 243 despidos: la quiebra de Algodonera Avellaneda golpea al norte algodonero

La Justicia de Rafaela ordenó suspender la actividad de las plantas de Reconquista, Bandera y General Pinedo y extinguió los contratos laborales. El final de la algodonera del grupo Vicentin deja otra herida en las economías regionales.

Cierre gradual y 243 despidos: la quiebra de Algodonera Avellaneda golpea al norte algodonero
Campo de algodón. Foto: Wikimedia Commons (CC BY 2.0).

El juez de Rafaela Fabián Lorenzini ordenó suspender de manera gradual la actividad de las tres plantas de la quebrada Algodonera Avellaneda: la hilandería de Reconquista, en Santa Fe, y las desmotadoras de Bandera, en Santiago del Estero, y General Pinedo, en Chaco. Según informó Clarín, el fallo declaró extinguidos por la quiebra los vínculos laborales de los 243 trabajadores. Solo se mantendrán guardias mínimas hasta terminar la producción en curso.

La decisión se basó en el informe de la sindicatura, que desaconsejó continuar la explotación. Según los síndicos, la empresa solo funcionaba con trabajos a fasón, cuyos ingresos apenas cubrían los salarios y no alcanzaban para pagar la energía, los insumos y los servicios necesarios para producir. El juez aclaró que la medida no implica todavía el cierre definitivo de los establecimientos.

La sombra de Vicentin

Algodonera Avellaneda formaba parte del grupo Vicentin, protagonista de uno de los mayores defaults del agro argentino, con una deuda millonaria con el Banco Nación y miles de productores. En 2020, el intento de intervención estatal para rescatar la empresa y preservar su rol en la cadena agroindustrial fue resistido por una coalición de intereses económicos y mediáticos. Seis años después, el resultado está a la vista: plantas que se apagan y trabajadores en la calle.

Lo que se juega en el norte

El algodón es una de las economías regionales más importantes del norte argentino. Sostiene a pequeños y medianos productores, cooperativas, desmotadoras e hilanderías en provincias con altos niveles de pobreza y pocas alternativas de empleo industrial. Para localidades como Bandera o General Pinedo, el cierre de una planta no es una noticia empresarial: es la pérdida de una de sus principales fuentes de trabajo.

El caso deja una pregunta incómoda. Cuando la lógica de la quiebra se limita a cuidar el repago a los acreedores, la continuidad productiva y el empleo quedan en segundo plano. Hubo alternativas, como la gestión cooperativa o un rol activo del Estado, que en otros momentos permitieron salvar empresas y puestos de trabajo. Su ausencia también es una decisión política.