Discapacidad: el Congreso se prepara para blindar por ley lo que el Gobierno quiso recortar

El Senado trata la nueva ley de prestaciones para personas con discapacidad, que obtuvo más de dos tercios en Diputados. Fija la pensión en el 70% de la jubilación mínima y la hace compatible con el trabajo.

Discapacidad: el Congreso se prepara para blindar por ley lo que el Gobierno quiso recortar
Palacio del Congreso de la Nación. Foto: Wikimedia Commons (Public domain).

El Senado tiene en su temario de este jueves la ley de prestaciones para personas con discapacidad, el punto políticamente más sensible de una sesión extensa. Según informó La Nación, el proyecto llegó al recinto sin cambios respecto del texto aprobado por Diputados, por lo que, de mantenerse la redacción, quedará sancionado definitivamente. En la calle, organizaciones del sector acompañan la sesión con una movilización.

La norma incorpora con carácter permanente buena parte de las prestaciones que hasta ahora dependían del régimen de emergencia. Entre otros puntos, fija la pensión por discapacidad en el 70% de la jubilación mínima, la hace compatible con ingresos laborales de hasta dos salarios mínimos y preserva el nomenclador que regula los valores que cobran los prestadores.

Un límite al ajuste

El contexto explica la relevancia. El Poder Ejecutivo intentó desde el inicio de su gestión reducir el gasto en el sector, con auditorías masivas, bajas de pensiones y un nomenclador congelado que llevó a muchos transportistas, terapeutas e instituciones al borde del cierre. Cada uno de esos recortes tuvo rostro: familias que perdieron tratamientos, centros de día que redujeron vacantes, trabajadores del sector que dejaron de cobrar a tiempo.

Frente a eso, el Congreso construyó una mayoría que atraviesa a casi todos los bloques. En Diputados el proyecto superó los dos tercios, un dato que condiciona cualquier intento de veto: para sostenerlo, el Gobierno necesitaría que alguna de las cámaras no alcance la mayoría especial necesaria para insistir con la ley.

Derechos, no gasto

Lo que está en discusión no es solo una partida presupuestaria. Es la idea de que la protección de las personas con discapacidad es una obligación del Estado y no una variable de ajuste. La compatibilidad entre pensión y empleo, además, corrige una trampa histórica que empujaba a muchas personas a rechazar trabajos formales para no perder un ingreso mínimo.

Si el Senado sanciona la ley, el Gobierno enfrentará una disyuntiva: aceptar un límite claro a su política de recortes o volver a vetar, a costa de enfrentarse con una mayoría transversal y con un sector social que ya demostró capacidad de organización y movilización. La justicia social, en este caso, se discute con nombre y apellido.