Hay plata para los espías: Milei suma otros $6.157 millones a la SIDE

Un DNU amplía el presupuesto de la Secretaría de Inteligencia mientras el Gobierno ajusta en salarios, obra pública y prestaciones. Es el último de una serie de refuerzos que incluyó gastos reservados sin control.

Hay plata para los espías: Milei suma otros $6.157 millones a la SIDE
Cartel de la Secretaría de Inteligencia. Foto: Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0).

Mientras el Gobierno discute cómo postergar aguinaldos y demora pagos a proveedores, encontró recursos para la Secretaría de Inteligencia de Estado. Según informó El Destape, el DNU 1391/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, amplía en 6.157 millones de pesos el presupuesto de la SIDE, destinados íntegramente a gastos corrientes.

Las planillas anexas detallan los mayores destinos: 1.500 millones para servicios comerciales y financieros, 1.323 millones para mantenimiento y limpieza, 1.000 millones para alquiler de equipos y transporte, 800 millones para pasajes y viáticos y 600 millones para servicios de internet. El decreto no informa cuál será el presupuesto total del organismo tras la modificación, lo que impide medir el incremento real.

Una tendencia, no una excepción

No se trata de un hecho aislado. En julio, otro DNU ya había sumado más de 49.000 millones de pesos a la SIDE, de los cuales casi 7.500 millones fueron a gastos reservados, que por definición escapan a los mecanismos de control y publicidad. El refuerzo más grande se dio en julio de 2024, por unos 100.000 millones, en una decisión que el Congreso terminó rechazando.

La paradoja es evidente. Un gobierno que hizo del ajuste su identidad, y que justifica recortes en universidades, jubilaciones y discapacidad en nombre del equilibrio fiscal, amplía una y otra vez los fondos de un organismo cuya actividad es, por naturaleza, opaca.

Inteligencia para qué

La historia argentina obliga a mirar con atención este tipo de decisiones. Los servicios de inteligencia fueron, en distintos momentos, herramientas de persecución política, de espionaje a dirigentes sociales, periodistas y opositores, y de operaciones en la Justicia. Cada peso sin control que se asigna a ese aparato debilita las garantías democráticas.

Que la ampliación se haga por decreto y no por ley refuerza el problema: el Ejecutivo decide en soledad el financiamiento de un organismo que debería estar sometido al escrutinio del Congreso. Las prioridades presupuestarias no son neutrales. Revelan qué se considera esencial y qué se considera gasto. En este caso, el mensaje es claro: hay ajuste para los de abajo y fondos para el control.