Alquilar en la Argentina de Milei: más horas de trabajo, casas más chicas y más pobreza

Un informe de Inquilinos Agrupados muestra que desde la derogación de la Ley de Alquileres los precios subieron más del doble que la inflación. Quienes alquilan trabajan hasta 15 horas semanales más que los propietarios.

Alquilar en la Argentina de Milei: más horas de trabajo, casas más chicas y más pobreza
Edificios de departamentos en Buenos Aires. Foto: Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0).

Javier Milei suele presentar la derogación de la Ley de Alquileres como uno de los grandes éxitos de su desregulación. En la última cena del Consejo Interamericano de Comercio y Producción aseguró que el mercado se cuadruplicó y que el precio de los alquileres cayó un 40% en términos reales. Los datos oficiales cuentan otra historia.

Según un informe de Inquilinos Agrupados difundido por El Destape, entre noviembre de 2023 y agosto de 2026 el índice de alquiler de la vivienda del INDEC aumentó entre 757% en el Gran Buenos Aires y 869% en el Noreste, mientras la inflación general fue del 336% en todo el país. En todas las regiones, el alquiler subió más del doble que el resto de los precios y hoy se encuentra en su máximo real.

La vivienda como fuente de desigualdad

El impacto no se limita a lo que se paga cada mes. El informe muestra que los inquilinos trabajan hasta 15 horas más por semana que los propietarios, viven en viviendas más chicas y enfrentan niveles de pobreza mucho más altos: en la Ciudad de Buenos Aires, la pobreza entre quienes alquilan triplica la de quienes son dueños.

El dato confirma una transformación profunda. Alquilar dejó de ser una etapa transitoria antes de la casa propia para convertirse en una condición permanente para millones de argentinos. Y esa condición se volvió un factor decisivo de desigualdad: tener o no tener un techo propio define cuánto se trabaja, cómo se vive y qué futuro es posible.

El mercado no resuelve el derecho

La experiencia de estos años desmiente la promesa de que la libertad de mercado bajaría los precios. Sin regulación, con contratos más cortos y actualizaciones frecuentes, la relación de fuerzas quedó claramente del lado de los propietarios. Incluso trabajadores con empleo formal tienen dificultades para acceder a un alquiler.

La vivienda es un derecho reconocido por la Constitución, no una mercancía más. Garantizarlo exige políticas activas: regulación de contratos, incentivos para volcar al mercado las viviendas vacías, crédito hipotecario accesible y construcción de vivienda pública. Sin esas herramientas, el techo seguirá siendo un privilegio de pocos y una carga creciente para la mayoría.