PAMI San Luis: la trama del vaciamiento libertario en la salud de los adultos mayores

El concepto libertario de "libertad" vuelve a exhibir su verdadero rostro: la desregulación para el saqueo y la violencia impune sobre lo público. Una investigación sobre la delegación del PAMI en San Luis expone un esquema sistemático de sobrefacturación millonaria encabezado por el empresario Rodolfo Negri y su esposa, la senadora nacional por La Libertad Avanza Ivanna Arrascaeta —titular de la Comisión de Salud del Senado—. Ambos fueron denunciados penalmente por amedrentar y amenazar a la exdirectora local del organismo, Cecilia Morales, con el fin de convalidar prestaciones fantasma a favor de clínicas pertenecientes a la propia familia del legislador.

El trasfondo revela el modus operandi de la casta mercantil que conduce el oficialismo. A través de la carga irregular de órdenes de prestación informáticas, empresas como la clínica Aconcagua e institutos de rehabilitación controlados por Mauricio Negri (cuñado de la senadora) facturaron cifras exorbitantes: solo entre septiembre de 2025 y febrero de 2026, el entramado embolsó más de 4.800 millones de pesos, superando el gasto de provincias enteras. Frente a la resistencia de la funcionaria saliente y las auditorías por defraudación iniciadas por la Unidad Fiscal de Investigaciones del PAMI, la respuesta fue la extorsión directa y el apriete físico en pleno aeropuerto provincial.

Las derivaciones políticas escalaron hasta la propia Casa Rosada. En una reunión reservada, Eduardo "Lule" Menem intentó pactar una tregua para amortiguar el impacto mediático del fraude. Lejos de retroceder, Negri amenazó con romper el bloque oficialista en el Senado y retirar el voto de Arrascaeta si se frenaban los desembolsos. El chantaje legislativo dejó al descubierto la fragilidad de un gobierno sin volumen propio, dispuesto a entregar la caja de la seguridad social a cambio de gobernabilidad parlamentaria.

Este escándalo no constituye un caso aislado de corrupción individual, sino una consecuencia estructural del modelo económico vigente. Mientras el Poder Ejecutivo promueve la privatización de la salud, el congelamiento de las jubilaciones y el recorte drástico en la entrega de medicamentos insustituibles, sus cuadros territoriales mercantilizan la vejez para su beneficio patrimonial. La captura del PAMI por parte de prestadores privados consolida una matriz donde el derecho humano a la salud queda reducida a un negocio financiero, transfiriendo recursos colectivos del pueblo trabajador hacia las arcas de una corporación familiar apañada por el poder político.