Ley de Tierras: el Senado restituyó el freno a la extranjerización del suelo rural

Con 42 votos, la Cámara alta sancionó una reforma del régimen de propiedad privada que reincorpora los topes a la venta de tierras rurales a extranjeros. Un avance para la soberanía territorial que llega acompañado de cambios en desalojos y expropiaciones que inclinan la balanza hacia los propietarios.

Ley de Tierras: el Senado restituyó el freno a la extranjerización del suelo rural
Cosecha de trigo en Tornquist, provincia de Buenos Aires. Foto: Jaloffler / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

El Senado aprobó por 42 votos contra 26 la ley de "inviolabilidad de la propiedad privada" impulsada por el Ministerio de Desregulación. Paradójicamente, el punto más relevante del texto final no fue una idea de Federico Sturzenegger, sino lo contrario: la reincorporación de la Ley de Tierras Rurales sancionada en 2011, que el megaDNU de diciembre de 2023 había dejado sin efecto.

La norma vuelve a fijar un tope del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales en todo el país, un límite del 30% para personas de una misma nacionalidad y un máximo de 1.000 hectáreas en la zona núcleo. Son restricciones que el Gobierno consideraba un obstáculo para las inversiones y que debió aceptar para conseguir los votos.

No se trata de un detalle técnico. La tierra es un recurso estratégico: allí se producen los alimentos, se asientan las reservas de agua y se juega buena parte de las divisas que necesita el país. Durante los años noventa y la primera década de este siglo, millones de hectáreas pasaron a manos de capitales extranjeros, en muchos casos en zonas de frontera o con acceso a lagos y acuíferos. La ley de 2011 fue la respuesta a ese proceso, y su derogación había reabierto la puerta.

Para los pequeños y medianos productores, la extranjerización sin límites significa competir por la tierra con fondos de inversión que pagan precios imposibles y que conciben el campo como un activo financiero, no como un lugar donde vivir y producir. El resultado conocido es la concentración, el éxodo rural y el despoblamiento de los pueblos del interior.

Sin embargo, la misma ley incluye cambios que merecen atención. Endurece las reglas de desalojo por falta de pago de alquileres, con plazos de intimación de apenas diez días y notificaciones válidas aun cuando el inquilino no las reciba, y limita las indemnizaciones en las expropiaciones por utilidad pública. Es decir, mientras protege el suelo frente al capital extranjero, debilita la posición de inquilinos y del Estado frente a los propietarios.

La restitución de la Ley de Tierras demuestra que la soberanía territorial conserva consensos amplios en el Congreso. El desafío es que esa defensa del suelo no quede reducida a un límite formal, sino que se traduzca en políticas activas de acceso a la tierra para quienes la trabajan.

Cosecha de trigo en Tornquist, provincia de Buenos Aires. Foto: Jaloffler / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)