Patentes a medida de Washington: el Senado aprobó el PCT y la industria nacional del medicamento queda en guardia
La adhesión al tratado, pendiente desde 1997, salió con 47 votos como parte del acuerdo comercial con Trump. La reserva del Capítulo II, conseguida por los laboratorios nacionales, limita el daño, pero el riesgo para los precios de los remedios sigue abierto.
El Senado convirtió en ley la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), por 47 votos contra 22. El expediente había sido enviado en 1997, en plena época de "relaciones carnales" con Estados Unidos, y durmió casi tres décadas en Diputados. Lo reflotó el gobierno de Javier Milei para cumplir uno de los compromisos del acuerdo comercial firmado con la administración de Donald Trump.
El oficialismo lo vendió como modernización: menos trámites para inventores, universidades y pymes que quieran patentar en el exterior. Pero hay un dato que relativiza ese argumento: según la Universidad Austral, el 88% de las patentes que se tramitan en el país pertenecen a no residentes. El sistema de patentes, en la Argentina, protege sobre todo innovación ajena.
La disputa real se dio en torno al Capítulo II del tratado, que habilita un examen preliminar internacional sobre la patentabilidad de una invención. La cámara de laboratorios nacionales, CILFA, advirtió que esos dictámenes externos podían presionar al INPI y facilitar el "evergreening": estirar monopolios con patentes sobre moléculas ya conocidas. Las cámaras empresarias estadounidenses y las multinacionales presionaron para aprobar el texto completo. Finalmente, la Argentina adhirió con reserva de ese capítulo, como solo había hecho Uruguay.
Lo que está en juego no es abstracto. Según CILFA, la producción local de biosimilares y medicamentos de alta complejidad le ahorró al sistema de salud más de US$10.000 millones hasta 2025. Ese ahorro depende de que los genéricos puedan llegar al mercado. En el recinto, la oposición recordó que el Plan Remediar pasó de 128 medicamentos gratuitos a seis y advirtió sobre el acceso a tratamientos contra el VIH y la hepatitis.
El golpe más fuerte, de hecho, ya se dio antes: el mismo paquete con Washington derogó las pautas de patentabilidad de 2012, que impedían patentar variantes menores de fármacos existentes. El acuerdo compromete además nuevas adhesiones a tratados de propiedad intelectual antes de 2027.
La industria farmacéutica nacional es una de las pocas ramas tecnológicas en las que el país desarrolló capacidades propias, empleo calificado y exportaciones. Ceder herramientas regulatorias en nombre de la "integración al mundo" es resignar soberanía sobre una decisión sanitaria: cuánto cuestan los remedios. Ahora la disputa pasa al INPI, que definirá cómo aplica los nuevos criterios.
Planta de producción farmacéutica. Foto: Root66 / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)
